Atentado contra Miguel Uribe Turbay: Una radiografía de la violencia política en Colombia

Bogotá, Colombia – 14 de junio de 2025 – El intento de asesinato contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio en Bogotá, no solo ha conmocionado a Colombia, sino que ha desnudado las profundas vulnerabilidades de la seguridad de los líderes políticos y la persistente polarización que carcome el ambiente nacional. La investigación en curso revela una compleja red criminal, mientras que el incidente reaviva dolorosos recuerdos de épocas pasadas marcadas por la violencia política y pone en tela de juicio la capacidad del Estado para proteger a sus figuras públicas.

El ataque: Detalles y estado de salud

El sábado 7 de junio, alrededor de las 5:25 p.m., Uribe Turbay fue atacado a tiros en el barrio Modelia de Fontibón mientras participaba en un evento proselitista. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un menor de 14 años se acercó y disparó varias veces por la espalda al senador, quien cayó al instante con dos heridas de bala en la cabeza y una en la pierna. Tras ser trasladado de urgencia a la Clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, su estado fue calificado de "máxima gravedad" con "pronóstico reservado".

Aunque su condición sigue siendo crítica en la Unidad de Cuidados Intensivos, informes médicos entre el 11 y el 13 de junio indicaron una "leve mejoría" neurológica. La supervivencia de Uribe Turbay, aunque precaria, mantiene el foco en la investigación y en las causas subyacentes de la violencia, prolongando su impacto en el debate nacional.

La investigación: Redes criminales y dilemas institucionales

La Fiscalía ha avanzado rápidamente, identificando y capturando al perpetrador directo, el menor de 14 años, quien fue herido durante la persecución. El joven ha sido imputado por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, y ha expresado su intención de cooperar, lo que ha llevado a incluir a cuatro miembros de su familia en el programa de protección de testigos.

Sin embargo, el menor no actuó solo. La investigación ha revelado la participación de al menos cinco presuntos cómplices. Carlos Eduardo Mora González ha sido imputado como coautor, acusado de labores de reconocimiento previo y organización logística. Otros dos individuos se han presentado voluntariamente, incluyendo un motociclista que afirmó haber sido contratado para transportar al sicario. Videos de seguridad muestran una operación compleja con varios vehículos involucrados.

Un detalle crucial es la procedencia del arma utilizada: una pistola semiautomática Glock comprada legalmente en Arizona, Estados Unidos, en 2020, y que pasó por Florida antes de llegar a Colombia. El Presidente Gustavo Petro ha solicitado asistencia a la embajada de Estados Unidos y a sus agencias de inteligencia para esclarecer cómo el arma ingresó al país, sugiriendo la posible implicación de redes transnacionales de tráfico de armas.

Las hipótesis sobre los autores intelectuales son variadas y, en algunos casos, divergentes. Mientras la Fiscalía maneja opciones como un ataque a la oposición, un intento de desestabilización o la respuesta de grupos armados ilegales, el Presidente Petro ha planteado la hipótesis, con "indicios muy fuertes", de una "mafia con asiento internacional" y una "nueva junta del narcotráfico" con presencia en Dubái y Colombia. Esta disparidad de hipótesis revela posibles tensiones o prioridades diferentes dentro del aparato estatal.

Una controversia significativa ha surgido por el rechazo de la Fiscalía General a la propuesta del Presidente Petro de permitir la asistencia de una "comisión independiente de investigación judicial de las Naciones Unidas". La Fiscalía ha argumentado su "legitimidad y solidez institucional" para llevar a cabo la investigación y ha condenado la "filtración de material probatorio y la difusión de especulaciones e hipótesis prematuras".

Repercusiones políticas y un clima de violencia creciente

El atentado ha suspendido temporalmente la precandidatura presidencial de Miguel Uribe Turbay. En un gesto de unidad, los demás precandidatos presidenciales del Centro Democrático han suspendido sus actividades políticas en solidaridad.

Sin embargo, el caso de Uribe Turbay no es un hecho aislado. Se enmarca en una tendencia alarmante de violencia contra líderes políticos, sociales y comunitarios en Colombia. La Misión de Observación Electoral (MOE) ha documentado un incremento sostenido de la violencia política desde 2017, con 748 actos violentos en 2023, casi el triple de los registrados en 2017. Entre enero y abril de 2025, 34 líderes fueron asesinados y 20 sufrieron ataques, sumando 128 acciones violentas. La mayoría de estos incidentes ocurren en municipios remotos y áreas rurales, recibiendo menos atención mediática.

La seguridad de los líderes políticos ha vuelto al centro del debate. Tras el ataque, el Gobierno anunció el refuerzo de la seguridad para los miembros de la oposición. No obstante, el esquema de seguridad de Uribe Turbay ha sido objeto de escrutinio, con su abogado denunciando al director de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por presunta "omisión" al ignorar 23 solicitudes de refuerzo. El propio Presidente Petro señaló que el esquema de protección del senador fue "disminuido extrañamente" de siete a tres personas el día del atentado. La Justicia Penal Militar ha abierto una indagación sobre el cuerpo policial encargado de la seguridad de Uribe y las acciones de los agentes.

El atentado contra Miguel Uribe Turbay es un crudo recordatorio de la persistencia de la violencia política en Colombia. La complejidad de la red criminal detrás del ataque, las distintas hipótesis sobre los autores intelectuales y las controversias institucionales subrayan la magnitud del desafío. Mientras la nación espera la recuperación del senador y el avance de la investigación, este incidente debe servir como un catalizador para abordar de manera integral la violencia política en todas sus manifestaciones y garantizar un entorno seguro para el ejercicio de la democracia en el país.

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LA REACCIÓN PRENSA