Familias Colombianas al borde de un Aumento Tarifario Drástico en la Energía por inacción del Gobierno Petro

Bogotá, Colombia – 20 Mayo 2025 – La inacción del Ministerio de Hacienda en el pago de la multimillonaria deuda por subsidios de energía eléctrica está llevando al país a una encrucijada crítica, con millones de hogares colombianos, especialmente los de estratos 1, 2 y 3, en riesgo inminente de afrontar incrementos desproporcionados en sus facturas de servicios públicos y, en el peor de los escenarios, un colapso en el suministro de energía. La promesa incumplida del Gobierno no solo ahoga financieramente a las empresas, sino que amenaza directamente el bienestar económico y social de las familias más vulnerables.

La Promesa Incumplida: Un Golpe al Bolsillo de las Familias

En febrero, el Ministerio de Hacienda prometió un desembolso de $1 billón para saldar parte de la deuda por los subsidios de energía, un alivio crucial que beneficia a cerca de 40 millones de colombianos. Sin embargo, la realidad es desoladora: tres meses después, solo se ha pagado el 41% de lo prometido, dejando a las empresas en una situación financiera insostenible.

El director ejecutivo de Asocodis, José Camilo Manzur, ha sido contundente: "Lamentablemente no se cumplieron los compromisos que se pactaron en febrero. Los recursos no llegaron a esos niveles". Esto significa que, mientras el Gobierno retrasa los pagos, la deuda por subsidios sigue creciendo en $300.000 millones cada mes, o $10.000 millones cada día. Al cierre de abril, la deuda total del Gobierno con las empresas de energía superaba los $7.6 billones, una cifra astronómica que incluye los $3.1 billones específicamente por subsidios.

Las Familias: El Eslabón Más Débil de una Cadena Quebrada

La gravedad de la situación radica en que, a pesar de la falta de pago por parte del Gobierno, las empresas han continuado asumiendo el costo de los subsidios, que cubren hasta el 60% del consumo de subsistencia de los hogares. Esto significa que los subsidios ya han llegado a los usuarios, pero las empresas no han recibido el dinero de vuelta. Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgén, lo resume con claridad: "Los subsidios ya se les entregaron a los usuarios, no son para las empresas. Las empresas necesitan que el Gobierno Nacional les devuelva esa plata".

El riesgo es palpable. Si las empresas, ya asfixiadas financieramente, no pueden seguir financiando los subsidios, la carga recaerá directamente sobre los usuarios. Las consecuencias serían devastadoras:

• Aumentos tarifarios significativos: Familias de estrato uno en Chocó podrían ver sus facturas aumentar un 140%, mientras que en la región Caribe el incremento podría ser del 100%. Esto representa un golpe insostenible para presupuestos familiares ya ajustados, forzando a muchas a elegir entre pagar la energía o cubrir otras necesidades básicas.

• Riesgo de apagones: La crisis financiera de las empresas es tan severa que John Maya, gerente general de EPM, ha advertido que Afinia, una de las principales distribuidoras, podría verse forzada a buscar alternativas con los generadores para seguir pagando por la energía. La amenaza de un "efecto dominó" que podría "apagar la Región Caribe" es una posibilidad real que generaría un caos social y económico sin precedentes.

• Inseguridad energética: La falta de liquidez ha obligado a algunas empresas, incluso a las más pequeñas, a vender activos para mantenerse a flote. Esta precariedad debilita la infraestructura y la capacidad operativa del sector, poniendo en riesgo la calidad y continuidad del servicio a largo plazo.

  
  

Un Futuro Incierto y un Llamado Urgente

Aunque el Gobierno y las empresas exploran una "cesión de derechos" como un "plan B" para inyectar cerca de $1.5 billones y reducir la deuda, esta solución parece ser un paliativo temporal frente a la magnitud del problema. La principal preocupación es la insuficiencia de recursos en el Presupuesto General de 2025, que solo contempla $3.4 billones para subsidios, apenas cubriendo la deuda de 2024 y tres meses de 2025. Esto significa que la amenaza de futuros incrementos tarifarios se cierne sobre las familias colombianas.

Además, la propuesta del Ministerio de Hacienda de un pago anticipado de impuestos, según Asocodis, "va a asfixiar un poco más la caja de las empresas", incluso de aquellas que no generan utilidades, exacerbando la ya precaria situación y, en última instancia, empujando a los usuarios más cerca de la asfixia económica.

El llamado es claro y urgente. José Camilo Manzur, de Asocodis, ha implorado al Presidente Gustavo Petro y al Ministro de Hacienda, Germán Ávila, que "prioricen dentro del gasto público los recursos para subsidios". La falta de una acción contundente y oportuna por parte del Gobierno no solo compromete la estabilidad del sector energético, sino que pone en grave riesgo la capacidad de las familias colombianas para acceder a un servicio esencial, abriendo la puerta a una crisis social de magnitudes incalculables. Es hora de actuar antes de que la factura impagada se convierta en una crisis insostenible para millones de hogares.

NOTA ESPECIALIZADA

LA REACCIÓN PRENSA