El reciente llamado de la canciller Laura Sarabia ante la Asamblea General de la ONU para que la hoja de coca sea retirada de la lista de sustancias peligrosas ha desatado una nueva tormenta política en el ya convulso y cuestionado gobierno de Gustavo Petro. Más allá del escándalo mediático, esta solicitud pone en riesgo aún más las frágiles relaciones con Estados Unidos, nuestro principal aliado en la lucha contra el narcotráfico. La posibilidad de una descertificación por parte del gobierno norteamericano no es un escenario lejano, y en un país donde el narcotráfico ha sido la raíz de múltiples conflictos, la iniciativa de Petro levanta serias dudas sobre sus verdaderas intenciones.
Los argumentos a favor: una mirada desde el discurso oficial
El gobierno defiende esta propuesta bajo el argumento de que la hoja de coca, en su estado natural, no es una sustancia ilícita ni peligrosa, sino un recurso ancestral de comunidades indígenas. Según Petro, la actual clasificación penaliza injustamente a los campesinos cocaleros y fortalece el narcotráfico al mantener una política prohibicionista que no ha dado resultados. Además, sugiere que la regulación de la coca podría abrir un mercado alternativo para usos industriales y medicinales, siguiendo ejemplos como el de Bolivia.
Otro punto que esgrimen los defensores de esta iniciativa es el supuesto fracaso de la guerra contra las drogas. En su discurso, el presidente insiste en que Colombia ha sido la mayor víctima de una política antidrogas impuesta desde el exterior, que solo ha traído violencia y corrupción. Para el gobierno, un cambio de enfoque hacia la regulación y la descriminalización podría debilitar las economías ilegales y reducir el impacto de las mafias del narcotráfico.
Los peligros de esta estrategia: el riesgo de una descertificación
Sin embargo, esta propuesta también tiene implicaciones negativas de gran calado. La relación con Estados Unidos, ya deteriorada, podría entrar en una crisis aún mayor si Washington considera que Colombia no está cumpliendo con sus compromisos en la lucha antidrogas. La descertificación no solo sería un golpe diplomático, sino que podría traer consecuencias económicas, como la suspensión de ayudas y tratados comerciales estratégicos. Este parece ser el perverso interés subliminal de Petro, ya que cada vez más pone en peligro las relaciones internacionales ya deterioradas con el país del norte.
Además, el mensaje que esta iniciativa envía al mundo es alarmante: Colombia, lejos de combatir el narcotráfico, parece coquetear con una política de permisividad que podría disparar aún más el crecimiento desmedido de los cultivos ilícitos que han sido hasta la fecha el mayor combustible para la violencia en el país. Recordemos que, bajo este gobierno, la erradicación forzada de cultivos cayó drásticamente y la producción de cocaína alcanzó niveles históricos. Petro ha insistido en que la solución no es la erradicación sino la sustitución voluntaria, pero la realidad en las regiones golpeadas por el narcotráfico demuestra que esa estrategia nunca ha funcionado.
El tiempo corre y Colombia sigue a la deriva en la inmensidad de la nebulosa y el algoritmo del pensamiento de Gustavo Francisco.
Nos encontramos a escasos 16 meses del final del mandato de Gustavo Petro, y lejos de enderezar el rumbo, el país sigue atrapado en una mayor crisis de gobernabilidad. La falta de un liderazgo claro, el deterioro de las instituciones y las decisiones erráticas han convertido a Colombia en un barco sin timón. Esta última propuesta solo refuerza la percepción de que el gobierno del "cambio" nunca tuvo la intención de gobernar con responsabilidad, sino que ha estado más enfocado en improvisar, ideologizar la política exterior y desmantelar los pilares que han sostenido la lucha contra el crimen organizado.
Colombia no necesita más experimentos fallidos ni más enfrentamientos innecesarios con sus aliados estratégicos. La lucha contra el narcotráfico es un problema de seguridad nacional que no se resuelve con discursos populistas ni con cambios cosméticos en organismos internacionales. Petro ha vendido la idea de que la legalización es el camino, pero en un país donde los carteles manejan territorios enteros y donde la violencia sigue en ascenso, esta propuesta suena más a un intento de desviar la atención de su incapacidad para gobernar que a una verdadera solución.
¿Será este el último golpe de Petro a la estabilidad del país? O, peor aún, ¿será el inicio de una nueva crisis que nos lleve aún más al abismo?
Columna de Opinión
Silverio Jose Herrera Caraballo
Abogado, comunicador, asesor, consultor, analista e investigador en seguridad, convivencia ciudadana y orden público.
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