Consejo de Estado no tendrá competencia para estudiar Tutelas contra Petro: Decretazo del Ministerio de Justicia

Bogotá D.C., [14 de Julio del 2025] – El reciente decreto emitido por el nuevo ministro de Justicia, Luis Eduardo Montealegre Lynett, que traslada la competencia para conocer tutelas contra el presidente de la República del Consejo de Estado a los jueces de circuito, ha encendido las alarmas en el panorama jurídico y político del país.

Expertos y voces de la sociedad civil alertan sobre la posible inconstitucionalidad de esta medida, que podría representar un grave retroceso en la separación de poderes y el control judicial sobre la rama ejecutiva.

El decreto, que modifica el Decreto 1069 de 2015, establece que las acciones de tutela contra el Presidente y sus actuaciones, incluyendo aquellas relacionadas con seguridad nacional y políticas de erradicación de cultivos ilícitos, serán ahora conocidas en primera instancia por los jueces de circuito. Anteriormente, el Decreto 333 de 2021 asignaba esta crucial labor directamente al Consejo de Estado, garantizando un control judicial de mayor jerarquía y especialización sobre los actos del primer mandatario.

Si bien el Ministerio de Justicia argumenta que esta decisión busca reforzar el "principio de desconcentración funcional" y fortalecer la "imparcialidad estructural del sistema judicial", la realidad es que el traslado de esta competencia a jueces de menor jerarquía plantea serias dudas sobre la efectividad del control judicial y la independencia del poder ejecutivo.

“La competencia judicial no se puede modificar por decreto. Según los artículos 228 y 229 de la Constitución, las competencias de los jueces deben estar definidas por la ley, no por el Ejecutivo. Un decreto reglamentario no tiene la jerarquía ni la fuerza normativa para modificar el reparto de tutelas. Mucho menos cuando se trata de tutelas contra el Presidente de la República” expreso la abogada Carolina Restrepo.

La preocupación radica en que esta medida podría facilitar la impunidad en casos de posible vulneración de derechos por parte de la Presidencia, al someter estas tutelas a una instancia judicial con menos experiencia en litigios de alta complejidad y un mayor riesgo de presiones políticas. Aunque el decreto insiste en que no se limita el control constitucional de la Corte Constitucional ni restringe el acceso a la justicia, la práctica podría ser diametralmente opuesta.

Este "decretazo" de Montealegre se perfila como un movimiento estratégico que, bajo el pretexto de la eficiencia, podría menoscabar la capacidad de los ciudadanos para buscar justicia y limitar la supervisión judicial sobre el Presidente de la República. La sociedad colombiana exige claridad y garantías de que la separación de poderes, pilar fundamental de la democracia, no será sacrificada en aras de intereses políticos.

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LA REACCIÓN PRENSA