DEL M19 AL MANDO LA VENGANZA PRESIDENCIAL CONTRA LA FUERZA PUBLICA

Por: Silverio José Herrera Caraballo

Oficial ® Ejercito Nacional, Abogado, Comunicador, asesor - consultor en seguridad, convivencia ciudadana y orden público.

Defensor de la democracia, comprometido con mi país y temeroso de Dios, soy un convencido que es el momento para que las reservas muestren su preparación y capacidades para enfrentar nuevos retos y en especial en la política nacional.

Con la misma mano que prometió el cambio, el presidente Gustavo Petro ha empuñado la guillotina institucional, una y otra vez con mal intención enconada contra la estructura, la dignidad y la moral de nuestras Fuerzas Militares y de Policía. Lo hizo apenas asumió el poder en 2022, cuando decidió barrer con buena parte del alto mando, ignorando trayectorias, jerarquías, misionalidad y experiencia; aún más grave cercenando sin razón (normal y legal, pues el ya traía su plan maquiavélico muy organizado) el Liderazgo.  Y ahora, en el ocaso de su mandato, vuelve a pasar por la piedra a quienes durante décadas han sido columna vertebral de la seguridad nacional, confirmando que su rencor contra la fuerza pública es profundo, sistemático y deliberado.

No hay que ser adivino ni exagerado para entender que el presidente Petro jamás ha ocultado su desprecio por las Fuerzas Armadas. Lo arrastra desde sus años de militancia en el M-19, lo ha dejado entrever en sus discursos, lo ha ejecutado con cada nombramiento sesgado, con cada decisión administrativa que reduce capacidades, y con cada gesto de indiferencia ante los caídos en combate que defendían la democracia mientras él se abrazaba con sus antiguos camaradas. La estrategia de desgaste es tan evidente que ya nadie en la tropa duda: este es un gobierno que gobierna en contra de sus militares.

Una de las decisiones más sensibles es la designación del Comandante General de las Fuerzas Militares. Por lógica institucional, por jerarquía histórica, por la experiencia acumulada y por la propia dinámica del conflicto armado, esa responsabilidad ha recaído tradicionalmente en un oficial del Ejército Nacional. No se trata de un privilegio caprichoso, sino de una realidad funcional, construida sobre décadas de doctrina, sangre derramada, liderazgo operativo y responsabilidad territorial. Sin embargo, bajo el actual gobierno, esa lógica fue vulnerada por lo que muchos consideran un criterio político disfrazado de equidad interinstitucional.

Que se entienda bien: no se trata de despreciar a las otras fuerzas (todas ellas merecen respeto y admiración por su servicio al país), pero es inadmisible que el criterio de antigüedad y experiencia operativa sea suplantado por cálculos ideológicos o afinidades personales. Y es que esa ha sido la constante en esta administración: reducir, arrinconar y desfigurar a la Fuerza Pública para facilitar un diálogo complaciente con los actores armados ilegales, como si la paz se alcanzara debilitando al Estado y empoderando al crimen.

Bajo la mirada complaciente de Petro, los helicópteros siguen en tierra por falta de mantenimiento y presupuesto, la inteligencia militar ha sido desvertebrada y desacreditada, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) está bajo la dirección de un exmilitante del M-19, y se ha normalizado que los altos mandos se enteren por redes sociales de decisiones estratégicas que afectan su estructura operativa. ¿Puede hablarse de respeto institucional en estas condiciones? Claramente no. Más bien, asistimos a la venezolanización paulatina de nuestras Fuerzas, proceso iniciado con sutiles reformas, debilitamientos presupuestales, y una narrativa que busca desprestigiar al uniformado como si fuera un enemigo de clase.

El presidente Petro no ha hecho una sola acción concreta y positiva en favor de las Fuerzas Armadas. Incluso cuando se anuncia un aumento salarial (que ha pretendido usar como bandera), no es más que el cumplimiento de una obligación presupuestal establecida año tras año, sin ningún mérito político especial. El resto de sus acciones se resumen en nombramientos polémicos, discursos incendiarios, indiferencia ante los asesinatos de soldados y policías, y la destrucción progresiva de la moral institucional.

Mientras tanto, sus verdaderos aliados (FARC, ELN, las mal llamadas disidencias, bandas criminales) avanzan en territorios abandonados, fortalecen economías ilegales, y siguen asesinando miembros de la fuerza pública sin que haya una sola respuesta contundente. Los helicópteros siguen varados. Las bases sin recursos. La inteligencia sin rumbo. La tropa sin respaldo.

Por ello, hoy más que nunca, debemos alzar la voz con respeto pero con firmeza. Las Fuerzas Armadas no son perfectas, pero son indispensables. Han sido el escudo de la nación durante más de seis décadas, y no merecen ser humilladas ni instrumentalizadas por un gobierno que les guarda más rencor que reconocimiento. A trece meses del final de este gobierno, la historia ya va dejando claro su balance: un comandante supremo que traicionó el mandato de proteger, un presidente que prefirió abrazar a los victimarios y abandonar a los guardianes del orden.

La guillotina institucional ha caído con fuerza. Pero lo que no caerá jamás es el honor de quienes visten uniforme por amor a Colombia. Es deber de todos (reservistas, ciudadanos, líderes sociales y políticos) recuperar la dignidad de nuestras fuerzas y levantar la voz para que, en el futuro, ningún otro gobernante juegue con el alma de la patria

COLUMNA DE OPINIÓN

SILVERIO HERRERA C.

LA REACIÓN PRENSA