El costo oculto del aumento salarial

El Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó un aumento del 22,7% en el salario mínimo para 2026. El ingreso base pasará de $1.423.500 a $1.750.905 y, sumado el subsidio de transporte, alcanzará los $2.000.000 exactos. A primera vista, la cifra suena alentadora. Sin embargo, detrás del anuncio hay una realidad económica que no se está diciendo y que afecta directamente a millones de micro, pequeñas y medianas empresas que hoy sostienen la mayor parte del empleo formal en Colombia.

El salario no cuesta lo que parece

Un salario mínimo no le cuesta al empleador dos millones de pesos. Al sumar prestaciones sociales, cesantías, intereses, vacaciones, aportes a salud, pensión, ARL y parafiscales, el costo real por trabajador supera los $3.000.000 mensuales. En términos prácticos, esto implica un incremento cercano a $550.000 adicionales por empleado frente al año anterior.

Para una empresa con diez trabajadores formales, el aumento representa más de cinco millones de pesos extra cada mes, cerca de sesenta millones al año, sin que exista una garantía real de que la productividad, las ventas o los ingresos crezcan en la misma proporción.

¿Quién va a asumir el impacto?

No será el Estado. El Gobierno no ha anunciado subsidios, alivios tributarios ni mecanismos de compensación para las empresas que hoy sobreviven con márgenes mínimos. Tampoco existe una política clara y estructural de formalización empresarial. Lo que sí se impone es un salto abrupto en los costos laborales que muchos negocios simplemente no podrán asumir.

El resultado es previsible: congelamiento de nuevas contrataciones, aumento de la informalidad y, en el peor de los casos, despidos. No por falta de voluntad, sino por imposibilidad financiera. Esta realidad es conocida por muchos trabajadores, aunque no siempre se diga en voz alta.

Impacto fiscal y falta de coordinación

Cada aumento del salario mínimo tiene un efecto dominó sobre el gasto público. Afecta transferencias condicionadas, subsidios, pensiones no contributivas, tarifas, multas y múltiples rubros indexados al mínimo. La pregunta es inevitable: ¿existe una estimación oficial del impacto fiscal de este incremento?

Hasta ahora, no. Y si existe, no se ha hecho pública. Se impone así una carga adicional al sistema sin evaluar su sostenibilidad. El Gobierno habla de “salario vital”, pero parece ignorar que una economía también necesita empresas vitales para funcionar.

Un golpe a la formalidad laboral

Colombia arrastra desde hace años una informalidad laboral superior al 58%. Cada aumento desproporcionado del salario mínimo, lejos de reducirla, la profundiza. Se amplía la brecha entre el costo de contratar formalmente y los ingresos reales de subsistencia en la economía informal. El resultado es más trabajadores sin salud, sin pensión y sin estabilidad.

Entidades como el Banco de la República, la OCDE, Fedesarrollo y diversos centros de análisis han advertido reiteradamente este riesgo. Sin embargo, estas alertas parecen no ser escuchadas.

El dato que incomoda

Colombia tiene uno de los salarios mínimos más altos de América Latina en proporción al ingreso promedio nacional. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el salario mínimo colombiano equivale a cerca del 87% del salario promedio, mientras que en países como México o Perú oscila entre el 40% y el 50%. En la práctica, aquí el salario mínimo se ha convertido en el techo, no en el piso.

Esto no es un avance social. Es un retroceso técnico. La justicia social no se construye decretando cifras políticamente populares, sino creando condiciones reales para generar empleo, formalizar empresas, aumentar la productividad y atraer inversión. Llamar “dignidad” a una medida que puede destruir empleo formal es, en el mejor de los casos, una ilusión. En el peor, populismo disfrazado de política social.

Y el costo final lo pagarán quienes hoy creen haber ganado algo. Por: Carolina Restrepo Cañavera

Artículo de opinión | La Reacción Prensa