Escoltas, Alimentos, Ropa y Equipos Satelitales: Los Privilegios que Recibirán los Cabecillas de las FARC según la Primera Sentencia de la JEP

Bogotá, Colombia – En un giro que traiciona la esperanza de las víctimas y la dignidad del país, la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al secretariado de las FARC por el delito de secuestro no es una condena, sino un contrato de asistencia integral financiado por el Estado. La supuesta justicia transicional ha entregado una burla a quienes padecieron el terror, garantizando una vida de privilegios a los máximos responsables de crímenes atroces.

La indignación crece al revelar los detalles de este fallo. El Estado, con dinero público, está obligado a proveer a los exjefes guerrilleros de ropa, alimentos, artículos de aseo y cualquier insumo para su bienestar físico durante los próximos ocho años. Es una afrenta inaceptable que quienes encadenaron, torturaron y humillaron a miles de personas, ahora reciban un trato de favor, mientras sus víctimas arrastran las cicatrices de la barbarie. ¿Cómo es posible que los victimarios tengan asegurada su comodidad y vestuario, mientras los sobrevivientes del secuestro luchan por reconstruir sus vidas sin una reparación efectiva?

El cinismo no termina allí. La sentencia exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar los esquemas de seguridad de los criminales, con más escoltas, vehículos blindados, equipos de comunicación satelital y botones de pánico. Es una paradoja macabra que los mismos que sembraron el terror en la nación, ahora estén protegidos con un despliegue de seguridad que muchos ciudadanos honrados jamás tendrán. Esta “justicia” moviliza toda la capacidad del Estado no para proteger al ciudadano común, sino para cuidar a los perpetradores de la violencia.

Mientras tanto, la sentencia ignora la necesidad de una verdadera reparación. Como señala el experto constitucionalista Juan Manuel Charry, el fallo no obliga a los exguerrilleros a indemnizar a sus víctimas, dejando en evidencia la falta de entrega de los bienes ilícitos de la organización. La JEP asegura que estas medidas son para mantener el “compromiso con la paz”, pero en realidad se han convertido en un listado de beneficios que solo perpetúa la impunidad y ahonda el dolor de las víctimas.

Este fallo no es un paso hacia la reconciliación, sino un retroceso moral que hiere la confianza en las instituciones. Colombia no puede permitir que la justicia se convierta en un mercado de privilegios para quienes sembraron el miedo y la muerte. Exigimos una verdadera justicia que ponga a las víctimas en el centro y que no premie la criminalidad con el dinero y la protección de todos los colombianos.

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LA REACCIÓN PRENSA