Pocas fechas en la historia republicana de Colombia resultan tan emblemáticas como el 10 de mayo de 1957. Ese día, en medio de una tensa coyuntura política y social, el entonces presidente Gustavo Rojas Pinilla, general del Ejército y figura central del orden institucional de la época, cedió el mando a una junta militar. Lejos de tratarse de una claudicación forzada, aquella entrega de poder puede comprenderse como un gesto consciente que permitió encauzar el país hacia una nueva etapa de organización democrática. En un contexto inflamado por protestas masivas y una presión social sin precedentes, la decisión de Rojas no solo evitó una escalada de conflicto, sino que también abrió las puertas a la transición que desembocaría en el experimento político del Frente Nacional.

El general Rojas Pinilla había asumido la presidencia en 1953, tras un golpe de Estado respaldado por distintos sectores hartos del eterno enfrentamiento entre liberales y conservadores. En su momento, su ascenso fue percibido como una alternativa válida frente al caos institucional que imperaba. Y no sin motivos: su gobierno se propuso modernizar el país y dar voz a los sectores marginados. Obras de infraestructura de gran impacto (como el Aeropuerto El Dorado y los puentes sobre el Magdalena y el Sinú), la creación del SENA, el impulso a la televisión pública y el reconocimiento del voto femenino forman parte de ese legado constructivo que no debe ser minimizado.

Sin embargo, el entusiasmo inicial se fue diluyendo con el paso del tiempo. La consolidación de un poder cada vez más centralizado, el uso de mecanismos autoritarios y la intención de prolongar su mandato encendieron alarmas entre las élites políticas, empresariales y sociales. El detonante llegó con la propuesta de extender su gobierno por cuatro años más, lo que provocó la unión de fuerzas diversas: empresarios, líderes estudiantiles, trabajadores, gremios y partidos políticos conformaron una coalición de hecho que impulsó un paro cívico nacional sin precedentes en la historia colombiana. Esa protesta logró detener la vida económica y administrativa del país y dejó un mensaje inequívoco: no había legitimidad suficiente para sostener el proyecto continuista.

Es en ese punto donde debe destacarse la dimensión histórica de la decisión de Rojas. No optó por el uso indiscriminado de la fuerza ni intentó atrincherarse en el poder. Optó, en cambio, por ceder el gobierno a una junta militar compuesta por oficiales de alto rango, reconocidos por su profesionalismo y respeto por la institucionalidad. Esa junta no se convirtió en dictadura, como ocurrió en otros países de la región. Su papel fue limitado, técnico y transicional. Su objetivo fue garantizar el retorno al orden democrático, organizar elecciones limpias y permitir la negociación entre liberales y conservadores, quienes eventualmente pactaron el Frente Nacional: un mecanismo de alternancia política pensado para evitar el colapso institucional y asegurar una gobernabilidad mínima en un país herido por la violencia.

Hoy, con perspectiva histórica, la figura de Rojas Pinilla puede resultar controvertida, pero no debe ser reducida a los extremos del juicio fácil. Fue un gobernante con luces y sombras, cuya salida del poder (sin recurrir al derramamiento de sangre) permitió que Colombia diera un paso crucial en su camino hacia la reconciliación institucional. A diferencia de otros procesos en América Latina donde las salidas militares derivaron en largos regímenes autoritarios, la experiencia colombiana de 1957 fue contenida, transicional y, en muchos sentidos, ejemplar.

El comportamiento de las Fuerzas Militares también merece una lectura mesurada. En lugar de aferrarse al poder, entendieron que su función era servir como puente entre la crisis y el restablecimiento de la democracia. Su actuación no solo fue prudente, sino responsable, y marcó un precedente en el continente.

Este episodio, a menudo subestimado en los discursos oficiales, debería ocupar un lugar destacado en la reflexión política contemporánea. Porque fue precisamente la renuncia al poder absoluto lo que evitó una crisis mayor. Porque el entendimiento de los límites, incluso desde el mando, fue la mayor lección que dejó aquel 10 de mayo. Y porque el respeto a la voluntad ciudadana debe seguir siendo el faro que oriente las decisiones del poder.

Hoy, en medio de debates sobre legitimidad, gobernabilidad y respeto institucional, recordar aquel momento histórico no es un simple ejercicio académico. Es una invitación urgente a la reflexión.

COLETILLA: Para quienes se declaran amantes de la historia y del poder, este capítulo del pasado puede resultar una lectura obligatoria. Tal vez allí encuentren la sabiduría que en ocasiones tanto les falta. El que entendió, entendió.

Columna de Opinión

SILVERIO HERRERA C

LA REACCIÓN PRENSA