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CATATUMBO 2025-2: NUEVO RESORT PARA EL NARCOTERRORISMO EN EL GOBIERNO EL CAMBIO

CATATUMBO 2025-2: NUEVO RESORT PARA EL NARCOTERRORISMO EN EL GOBIERNO EL CAMBIO

El presidente Petro está llevando su fallida estrategia de paz total a un límite grotesco con la implantación del nuevo “Resort del cambio en el Catatumbo”. Lo que en apariencia parece un intento de pacificación, es en realidad la consolidación de un enclave que premia al narcoterrorismo, legitima a las estructuras criminales y desdibuja la línea entre el Estado y quienes han enlutado a nuestro país.

 

Primero, recordemos el caos: desde el 16 de enero de 2025, la región del Catatumbo se convirtió en centro de una escalada de violencia entre el ELN y las disidencias de las FARC, con más de 52.000 desplazados y miles de hectáreas de cultivos ilícitos. En lugar de enfrentar este drama con mano firme del Estado, Petro optó por radicalizar su “paz total” acudiendo al remedio equivocado: alojar a los jefes del terror en hoteles convertidos en cuarteles paralelos y, ahora, dotándolos de un “resort” oficial.

 

Decir que el nuevo Resort del cambio es simplemente un hospedaje sería quedarse corto. Las denuncias indican que detrás está la intención de otorgar patente de corso a criminales: tráfico de droga, armas, dinero y menores de edad, todo operativo bajo escolta del ELN y con la bendición tácita del Estado. Pero no solo eso, se trataría de una maniobra, impulsada por el pacto binacional con Maduro y su cartel de los soles, que influenció no solo la negociación de este acuerdo sino también las decisiones electorales que hoy sostienen a Petro en el poder.

 

En el Catatumbo, se acusa abiertamente al gobierno de haber habilitado un aeropuerto en Tibú para favorecer estos flujos ilícitos. La creación de este enclave convierte al Estado en garante de rutas ilegales, mientras que el narcoterrorismo recibe un sello de oficialidad. Y el mensaje es devastador: el uso de instalaciones del Estado para proteger a criminales significa que la autoridad ha sido cooptada.

 

A esto se suma la intención explícita de Petro de rebajar penas a “narcoterroristas” mediante proyectos de ley que permitirían su salida anticipada y el disfrute parcial de sus bienes. No es una acción jurídico-humanitaria; es una estrategia de impunidad. La población víctima, la institucionalidad y la soberanía quedan nuevamente relegadas.

 

El contexto binacional con Maduro, un dictador señalado por violaciones a derechos humanos y nexos con el narcotráfico, amplifica la gravedad del asunto. Están tejiendo, bajo la ilusión de cooperación fronteriza, un corredor transnacional donde el ELN, las disidencias y el cartel de los soles cooperen sin freno ni fiscalización. El Resort del cambio no es nada nuevo: es una reafirmación de que la paz de Petro implica la cooptación del crimen, y esta vez con sello gubernamental.

 

Este experimento retorcido es una afrenta moral al país que inocula narcoterrorismo en la institucionalidad. Es una declaración clara: en Catatumbo, el delito manda con impunidad y legitimidad otorgada por el Estado. No hay desarrollo, no hay gobierno real; solo la paz del narcoterror.

 

Colombia merece respeto a la ley, memoria para las víctimas y reconstrucción de la confianza, no concesiones con el crimen armado. Quien imagine que este “resort” es el pináculo de la paz total, debería temerle: es, en realidad, su tumba.


COLUMNA DE OPINÓN

LA VENTANA DEL VETERANO

LA REACCIÓN PRENSA

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