
El reciente decreto que reglamenta el uso diferenciado y proporcional de la fuerza por parte de la Policía Nacional es solo otro ejemplo más de cómo este gobierno apatrida, en lugar de fortalecer a quienes están llamados a protegernos, los debilita sistemáticamente. En lugar de empoderar a los hombres y mujeres que arriesgan sus vidas para defender el orden y la ley, se les coloca un candado adicional, limitando aún más sus capacidades de respuesta en situaciones de alto riesgo. Este nuevo marco legal es una sentencia para muchos policías y militares que, en el cumplimiento de su deber, podrían verse acorralados y sin herramientas para protegerse a sí mismos y a la ciudadanía.
Mientras tanto, los agresores sean delincuentes comunes, terroristas o aquellos que, como la mal llamada "primera línea", promueven la violencia en las calles bajo la fachada de la protesta social continúan actuando sin restricciones. ¿Qué mensaje está enviando el gobierno al reglamentar hasta el más mínimo uso de la fuerza mientras los criminales siguen gozando de impunidad? Durante el mal llamado "estallido social", más de 2.000 policías fueron lesionados por actos violentos, muchos de ellos con armas caseras, explosivos y objetos contundentes. ¿Dónde quedó la proporcionalidad en estos casos? La primera línea, disfrazada de movimiento social, no dudó en atacar con saña a quienes trataban de mantener el orden. Se contaron con decenas de casos de secuestros y torturas a policías, a quienes les quitaron el derecho a defenderse mientras cumplían con su deber.
Es imposible olvidar el caso del patrullero Edwin Caro, asesinado en Bogotá en 2021 mientras hacía un procedimiento de control de rutina. Este no es un caso aislado. Según datos oficiales, solo entre 2021 y 2023, más de 400 miembros de la fuerza pública han sido asesinados en cumplimiento de su deber. A esto se suman los múltiples casos de secuestro, como el que ocurrió en el departamento del Cauca, donde un grupo de soldados fue secuestrado por miembros del ELN en una clara muestra de desafío al Estado, mientras que el gobierno, en lugar de condenar estos actos con firmeza, sigue abriendo las puertas del diálogo con quienes tienen las manos manchadas de sangre.
Lo más inquietante es que, mientras los agentes del orden son atacados, el gobierno continúa cediendo ante aquellos que violan la ley. La famosa "paz total" se ha convertido en una tregua unilateral donde el Estado retrocede y los violentos avanzan. La violencia contra la fuerza pública no ha disminuido; por el contrario, ha aumentado. A lo largo de 2023, varios uniformados fueron asesinados en emboscadas perpetradas por grupos terroristas como el ELN y las disidencias de las FARC, incluso en medio de supuestos "ceses al fuego".
El caso del subteniente Diego Mora en el departamento de Arauca, asesinado durante una operación contra el ELN, es un ejemplo del precio que están pagando los miembros de nuestras fuerzas. Es también la muestra de cómo el Estado ha fallado en proporcionarles las garantías necesarias para proteger sus vidas. El gobierno, mientras negocia con grupos que han causado tanto daño, le sigue atando las manos a quienes intentan mantener la seguridad.
Pero no solo son los asesinatos lo que preocupa. Las lesiones y secuestros también se han incrementado. Durante los últimos meses, en zonas como el Catatumbo, Cauca y Nariño, los grupos armados ilegales han intensificado sus ataques contra las fuerzas militares y policiales, secuestrando a miembros de estas instituciones y sometiéndolos a tratos inhumanos. No olvidemos los numerosos atentados con explosivos, como el que ocurrió en junio de 2023 en Tibú, Norte de Santander, donde seis soldados fueron asesinados y otros diez resultaron gravemente heridos. Estos ataques, lejos de ser aislados, son parte de una ofensiva sistemática de grupos terroristas que parecen haber encontrado en el gobierno un aliado complaciente.
Al mismo tiempo, los miembros de la primera línea, quienes durante el falso estallido social no dudaron en mutilar a policías, lanzarles bombas incendiarias y atacarlos con armas artesanales, son tratados por el gobierno como víctimas del sistema. Estos individuos, que desataron el caos en ciudades como Cali, Bogotá y Medellín, ahora son beneficiarios de las políticas de inclusión social del gobierno, mientras que los policías que resultaron heridos, mutilados o muertos apenas reciben reconocimiento. El caso del capitán Álvaro Farfán, quien perdió un ojo durante los disturbios en Cali, es solo uno de los cientos de ejemplos de cómo la violencia contra la fuerza pública quedó impune durante el 2021.
El gobierno, lejos de condenar estos actos con firmeza, ha optado por premiar a los agresores, permitiendo que aquellos que atentaron contra la vida de policías y soldados durante las protestas ahora gocen de protección judicial y programas de resocialización. Mientras tanto, los uniformados siguen enfrentándose a una justicia que les exige responsabilidad hasta por respirar, bajo el riesgo de ser procesados por cualquier acto que pueda ser interpretado como uso excesivo de la fuerza.
Entonces, la pregunta que debemos hacernos es: ¿ahora los policías y militares deben dejarse maltratar o incluso matar por los desadaptados que se creen dueños de las calles? Este gobierno está dando un mensaje peligroso: el delincuente tiene más derechos que aquellos que defienden el orden. La frase de nuestra oración patria y llegado el caso, morir por defenderte” parece haberse vuelto literal para nuestros policías y militares, pero no por defender al país, sino porque el Estado les está privando de las herramientas para defenderse.
Este decreto es solo el último clavo en el ataúd de la autoridad en Colombia. Mientras tanto, el gobierno sigue arrodillado ante los terroristas, los violentos y los delincuentes. Es una política antipatriótica, proclive al terrorismo, que pone en riesgo la vida de los hombres y mujeres que hacen parte de la fuerza pública, quienes se han convertido en el blanco de una justicia sesgada y de un gobierno que parece no estar interesado en proteger la institucionalidad.
Opinion CT. ® EJC. Silverio José Herrera Caraballo
Sección La Ventana del Veterano y la Reserva Activa
LA REACCIÓN PRENSA
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