Las Acciones por Preservar el Orden en el Espacio Público Deben Continuar

En recientes días se conoció una preocupante asonada por encapuchados de la mafias del espacio público en San Victorino, quienes saquearon, vandalizaron, destruyeron e infundieron terror en los comerciantes formales, quienes tuvieron que cerrar sus negocios para proteger su integridad y patrimonio que con tanto esfuerzo han logrado construir durante años. 

La causa fundamental, ha sido por las intervenciones en el espacio público por parte de toda la institucionalidad, encabezada por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Policía Metropolitana, quienes han realizado acciones de mediano impacto en el sector de San Victorino, la Carrera Séptima y San Bernardo. 

Una de las grandes deudas históricas de la democracia colombiana ha sido la falta de voluntad política en materia de regulación y reorganización del espacio público en epicentros urbanos de alta densidad poblacional. Y es que la actitud de vieja data, ha sido la permisividad excesiva por administraciones públicas que se han encargado de instrumentalizar al más vulnerable para sus fines políticos. 

La filósofa Nora Rabotnikof en su obra: “En busca de un lugar común. El espacio público en la teoría política contemporánea” distingue tres aspectos:  1) Lo que es “común” a todos, lo que representa el interés “general” por sobre los intereses “particulares” (pp. 9, 28), 2) Lo que es “visible” o “manifiesto”, en contraposición con lo “oculto”, en este sentido se vincula con el llamado “principio de publicidad”  (pp. 9, 28), y 3) Lo que es “abierto” o “accesible” a todos, o al menos a los que gozan del estatus de “ciudadanos”, en contraposición a lo “clausurado” (pp. 10, 29–30). Raotnikof señala que cada uno de estos tres sentidos expuestos revela una fuerte tensión de componentes con respecto al análisis conceptual de la política. 

Y no es para menos, es el espacio público en donde confluyen todos los actores sociales que constituyen cultura ciudadana y originan una identidad nacional que debe preservar el orden y las formas comunitarias para el bien común. La formalidad debe ser un talante ciudadano, un camino por transitar y un compromiso colectivo sin excusas, que se debe cumplir, tanto de la población civil como de la institucionalidad, porque a final de cuentas, es el máximo beneficio social para todos.

Comerciante formal, comerciante informal y comerciante vulnerable, son tres categorías de una misma realidad cultural y social que se manifiesta en el entorno del espacio público y que genera tensiones que requieren de una pronta solución por parte del gobierno para la construcción de políticas públicas. 

La responsabilidad histórica de gobiernos que han usado la informalidad como trampolín político para sus fines oscuros, tarde o temprano pasan factura a nuestra sociedad cada día mas fragmentada, y de los cuales algunos caudillos de papel que usan la demagogia para socavar nuestro entorno, continúan alimentado la feroz máquina de la burocracia que sostiene su poder político, pero que en el fondo, es la podredumbre más grande de nuestra decadente modernidad. 

Tenemos un instrumento valioso que es la Constitución Política de Colombia de 1991 para hacer valer nuestros derechos, en su: artículo 82 (la protección integral del espacio público), artículo 58 (garantizar la propiedad privada), artículo 79 (gozar de un ambiente sano) y artículo 333 (La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades), todo lo anterior ya está escrito y con un fuerte rigor jurisprudencial, que simplemente requiere de voluntad política para hacer cumplir dentro del mandato constitucional que tiene todo gobernante de turno. 

El momento es ahora Alcalde Mayor Carlos Fernando Galán, su mandato de “Bogotá Camina Segura” puede tener una revitalización práctica si continúa con las intervenciones en el espacio público, si protege el derecho de los comerciantes formales que pagan arriendo, servicios, impuestos y que prácticamente sostienen al Estado. Así mismo de proteger el derecho de los comerciantes vulnerables, a quienes la jurisprudencia ya específico que tienen un mínimo de subsistencia y que deben recibir una oferta institucional urgente y por último a poner en cintura a quienes encontraron en la ocupación ilegal del espacio público una opción de vida para enriquecerse sin asumir responsabilidades ni deberes para con el colectivo social que si cumple con las obligaciones normativas.

Desde la Junta de Acción Comunal Santa Inés Centro (San Victorino) se promovió una acción popular por la reorganización del espacio público, que ya fue fallada en primera instancia por un juez administrativo que obliga al distrito a tomar acciones contundentes frente a esta problemática y actualmente se encuentra en segunda instancia ante el Tribunal para emitir una decisión definitiva, así que cuente con un aliado importante para mitigar la deuda histórica de garantizar el derecho al goce y uso del espacio público en óptimas condiciones. 

Esto no es una cruzada contra los más vulnerables sino contra las mafias que incumplen la ley y de un fuerte clamor ciudadano que pide más justicia social en cumplimiento de la constitución política de Colombia.

EDITORIAL DE LA REACCIÓN PRENSA

WILLIAM S. ROJAS R. 

DIRECTOR GENERAL