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Foto del escritorLa Reacción Prensa

¿EL GOBIERNO DEL CAMBIO O EL GOBIERNO DEL DESPILFARRO?

Opinion de ORLANDO BASTO

Desde la llegada de Petro a la Presidencia de la República, los Colombianos han disminuido su capacidad de adquisición, su presupuesto ha disminuido considerablemente, ya sea por la inflación, el cierre de múltiples empresas, el aumento en el precio de los combustibles, las reformas tributarias y la extorción, el secuestro, el hurto y toda clase de delitos que cometen los narcoguerrilleros y demás grupos delincuenciales que apoyan al gobierno; no obstante, los integrantes del gobierno continua despilfarrando el dinero de nuestros impuestos, sin dejar de lado, el aumento descarado de la corrupción.


En ese sentido, lo primero que recordamos “del gobierno del cambio”, fueron los viajes de Alcocer, quien se creía la dueña del erario público y quiso gastarlo en lo que le dio la gana; de esta forma, viajo por múltiples partes del mundo, contrato diversos servicios, incluso rodo un video en redes sociales, donde aparentemente la “señora” hablaba de la bondad de los masajes, luego de que supuestamente había consumido marihuana; en ese, trasegar , se gastó una suma superior a los mil (1000) millones de pesos, sin justificación alguna y aunque un Tribunal aclaró que ella no tenia cargo alguno y que no podía disponer de estos dineros, nada paso al respecto, simplemente “esa platica se perdió”.


Luego, salió Francia Márquez, quien inflando su ego por el poder, empezó a utilizar un helicóptero y otras aeronaves de la fuerza pública que utilizó como taxis, gastándose una superior a los dos mil ochocientos millones de pesos, sin producir absolutamente NADA para el país y menos aún, para la gente que la eligió, ya que en el choco, la guajira y otros departamentos que les apoyaron, la gente continua viviendo en la miseria e incluso muriendo de hambre.


Posteriormente, escuchamos las bolsas de dinero de Laura Sarabia, lo cual se enredó aún más, con el presuntos secuestro, tortura y uso irregular del polígrafo en la empleada del servicio doméstico de Laura Sarabia, (la mujer de confianza de Petro), a quien incluso le violaron otros derechos fundamentales, puesto que le chuzaron sus líneas telefónicas de forma irregular.


La situación se complicó aún más, cuando en extrañas circunstancias, al parecer asesinaron al Coronel Dávila; pero la situación no paro ahí, ya que pocos días después, los Colombianos despertamos con el hurto de casi un billón de peso a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), donde además, de utilizar las necesidades y desgracias del pueblo Guayu como justificación para la supuesta inversión, emplearon los dineros para la corrupción, ya que parte del mismo, lo entregaron a congresistas corruptos, de los cuales las autoridades judiciales, tiene nueve (9) plenamente identificados, como son: Wadith Alberto Manzur, Julio Elías Chagüi Flórez, Juan Pablo Gallo Maya, Juan Diego Muñoz Cabrera, Liliana Esther Bitar Castill, Karen Astrith Manrique Olarte y Julián Peinado Ramírez, sobresaliendo Iván Name y Andrés Calle, presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes. (crédito Colprensa y redes sociales/X)


Concomitante con lo anterior, apareció otro despilfarro o tal vez otro hurto de dinero, ya que el Gobierno Petro, alquilo una casa en Davos por mas de 4.500 millones de pesos, en la cual según se puedo establecer por algunos medios de comunicación, tenía un sobre costo desmesurado, pues “el arrendatario de la casa contigua a la que alquiló el Ejecutivo y constató que el arriendo por día de este inmueble es de, al menos, 17.142 francos suizos, y 120.000 por semana (USD170.000), cuando en el contrato establecido por el Estado colombiano es de 200.000 francos por jornada. Y, en el peor de los casos, una casa así estaría por 130.000 francos por semana”. 


No se había recuperado  el país de tan gigantesco escándalo, el cual Petro trataba de justificar, cuando nos enteramos de los audios de Benedetti y Aida Merlano y, para callarlo, le “regalaron” su propia embajada, dándole miles de millones para que se fuera del país y no continuara desenmascarando los actos de corrupción que realizaron con el guerrillero para llegar al poder, los cuales fueron confirmados, por el mismo hijo de Petro y su nuera, quienes de forma libre y voluntaria, declararon ante la fiscalía, la forma como habían recibido dinero del narcotráfico y otros grupos delincuenciales para la campaña su campaña.


Hoy nuevamente otro escándalo de corrupción sacude al país, pues en las declaraciones que Olmedo López rindió ante la Corte Suprema de Justicia, aseveró que, haber recibido la orden de realizar los actos de corrupción de parte de dos (2) ministros cercanos a Petro, para robar los dineros asignados a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y destinarlos a la compra de votos en el congreso y otro tipo de actividades criminales, con lo cual buscaban que los proyectos de ley que propusieron, fueran aprobados; incluso afirmó, que, el “Gobierno Petro le dio la orden de dar contratos al ELN”, con lo que se demuestra claramente, que en “el gobierno del cambio”, o más bien, “en el gobierno de la corrupción” se apoya frontalmente a los grupo narcoguerrilleros con quienes se amangularon y crearon un grupo criminal, que incluye, ministros, congresistas, directores de algunas dependencias y otros funcionarios públicos, para cometer diversos delitos, al paso que se apoderan del dinero del pueblo.


Ahora podemos entender los Colombianos, los motivos reales que impiden el avance de las investigaciones penales en contra de Petro en la Cámara de Representantes, ya que hasta la fecha han dejado pasar mas de dos años y nada han propuesto al respecto; de igual forma, entendemos, porque algunos proyectos de ley que tanto daño hacen al pueblo, fueron aprobados, como la reforma pensional donde en criterio de este servidor, se apoderaran, de mas de 450 billones de pesos, que se constituyen por el ahorro individual que millones de Colombianos aportaron al sistema, a fin de obtener una pensión para su vejez, con los cuales podrán continuar dando coimas, bonos a los bandidos de la primera línea y demás delincuentes de las guerrillas y otros grupos delincuenciales, incluso a otros ciudadanos y de esta forma, tendrán el presupuesto necesario para comprar las próximas elecciones y perpetuarse en el poder.


De igual forma, podrán contar con el presupuesto, para comprar a las cortes, los entes de control, (que de por sí no funcionan en el país), así como otros funcionarios, con lo que asegurarán, que ninguno de estos bandidos paguen por sus delitos, incluso, como bien lo predijo Olmedo López, tal vez, pronto lo asesinen o lo desaparezcan para callarlo y su homicidio al igual que el de muchos colombianos, quedara en el olvido, como paso con el indígena Jesús Antoni Montaño, quien de manera frontal denunciaba en las redes sociales las actuaciones de las guerrillas para elegir a Petro y, como bien se sabe, las declaraciones de Olmedo López, afectan directamente al gobierno de la corrupción, a sus ministros, a congresistas, a servidores públicos y a los narcoterroristas de las guerrillas, a quienes Petro insiste en darles todo tipo de garantías con falaces procesos de paz, para que se fortalezcan y continúen sus actuaciones delincuenciales en contra del pueblo colombiano.


Todo lo anterior y otras irregularidades más, demuestran la ilegitimidad del gobierno petro, quien, sin mayor reparo, continua haciendo lo que le viene en gana, puesto que los entes encarados de controlarlo, poco o nada hacen al respecto, dejando al pueblo colombiano abandonado a su suerte y obligándolo, a tomar justicia por mano propia y a ampararse en su fuerza pública, la cual de acuerdo a la Constitución Política de Colombia, tiene como fin primordial, “la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional, así como el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz.”


Columna de opinión

ORLANDO BASTO TRIANA

Capitán de la Reserva de la Fuerza pública

Abogado especializado


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