La Paz Total como una Operación de Infiltración de la Guerrilla en el Estado Colombiano

La paz total no es una política pública de sometimiento del crimen sino una operación encubierta de más alto nivel de infiltración contra la soberanía nacional de Colombia. Instituciones como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Ejército Nacional de Colombia y entidades regionales han sido cooptadas por grupos al margen de la ley con un objetivo claro, expandir sus actividades criminales y reducir al mínimo la capacidad del Estado en su accionar constitucional de combatir la ilegalidad. Lo más delicado de este hecho, es que tiene una grave connotación política, pues pretende destruir el orden democractico de Colombia. 

I. El Cerebro Ciego: La Captura del DNI

La seguridad nacional de cualquier país reside en su capacidad de anticipación. Sin embargo, los Archivos de Calarcá revelan que la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) ha sufrido una transformación de organismo de seguridad a central de contrainteligencia insurgente.

El señor Wilmar Mejía, quien se desempeñaba como director del DNI, se encuentra en el centro de una controversia judicial tras el hallazgo de su nombre (bajo el presunto alias de "El Chulo") en los dispositivos electrónicos incautados a alias "Calarcá", jefe de una de las facciones de las disidencias de las FARC.

Según las investigaciones de la Fiscalía y las revelaciones de medios como Noticias Caracol sobre los "archivos de Calarcá" (documentos hallados en dispositivos de las disidencias de las FARC), la información que Wilmar Mejía habría entregado o facilitado se resume en los siguientes puntos clave.

Filtración de Inteligencia Estratégica: Se le señala de haber entregado información sensible sobre los movimientos de la fuerza pública y la planificación de operativos militares y policiales. Esto habría permitido a la estructura de alias "Calarcá" anticiparse a las acciones del Estado y evitar capturas o golpes estratégicos.

Identificación de "Blancos": Según los archivos, Mejía (bajo el alias de "El Chulo") habría servido como enlace para identificar a miembros de la fuerza pública o funcionarios que podrían estar obstaculizando las actividades de las disidencias, facilitando una suerte de "puente" entre la criminalidad y ciertos sectores institucionales.

Tráfico de armas y logística: En algunas de las comunicaciones analizadas, se menciona la intermediación para la obtención de material de guerra (armas y municiones). Mejía ha afirmado que, por el contrario, él fue quien denunció ante el Gobierno que oficiales activos estaban comercializando armas con grupos ilegales en Antioquia, pero la Fiscalía investiga si su rol fue de colaborador y no de denunciante.

Gestión de influencias: Los archivos sugieren que Mejía utilizaba su posición en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para influir en decisiones estatales que favorecieron o protegieran a la estructura de Calarcá, aprovechando su cercanía con el alto gobierno.

Pero eso no ha sido el único hecho escandaloso, recordemos que en febrero del año 2025 se reveló que el DNI mantuvo a Willington Henao Gutiérrez, alias "Mocho Olmedo" y segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las Farc, bajo custodia irregular en un apartamento de Bogotá durante 55 días en lugar de recluirse en un pabellón de extraditables. Aunque Henao fue capturado el 12 de febrero de 2025 por delitos de narcotráfico y lavado de activos, la DNI justificó su retención no carcelaria como un asunto de seguridad nacional debido a presuntas amenazas del ELN, situación que la justicia colombiana ha calificado como un hecho sin precedentes. Este episodio, que finalizó con el traslado del detenido a la cárcel La Picota el 8 de abril, ha generado una crisis de transparencia institucional y tensiones diplomáticas.

El resultado de todo lo anterior es claro, se ha instrumentalizado la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) como un órgano al servicio de los criminales para su protección personal socavando sus funciones de inteligencia y contrainteligencia  estratégica y análisis de amenazas, para no proteger la soberanía nacional sino antes bien atacar de manera sistemática y con un interés puramente político perdiendo así su misionalidad institucionalidad. 

II. El Generalato de Papel: Traición en el Camuflado

La implicación del General Juan Miguel Huertas señalado por su presunta vinculación con las disidencias de las FARC tras el hallazgo de una serie de chats que lo relacionan directamente con alias "Calarcá". Estas comunicaciones sugieren un posible favorecimiento por parte del alto oficial hacia la estructura criminal, lo que llevó a que fuera apartado de su cargo durante tres meses bajo una suspensión temporal de la Procuraduría. El objetivo de esta medida era garantizar la transparencia en las investigaciones que buscan confirmar si existió una relación ilegal y la entrega de beneficios operativos o logísticos a este grupo armado, en un caso que ha sido calificado como un grave riesgo para la seguridad nacional.

El Protocolo de "Repliegue Inducido"

Los archivos incautados muestran un patrón de órdenes denominadas "Áreas de No Intervención Táctica".

• Corredor del Sumapaz: Se emitieron órdenes de suspender patrullajes nocturnos en los límites entre Cundinamarca y Meta durante varios fines de semana seguidos en 2025. Coincidencialmente, en esas fechas se movieron más de 2,000 toneladas de suministros y armamento hacia las periferias de Bogotá.

• Complicidad Logística: La investigación apunta a que unidades de transporte militar fueron utilizadas para mover personal de las disidencias bajo la apariencia de "civiles protegidos" en el marco de la Paz Total.

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A pesar de la gravedad de los señalamientos, el general Huertas regresó oficialmente al servicio activo para liderar el Comando de Personal del Ejército (COPER), luego de que la Procuraduría levantara su suspensión al considerar que su permanencia no interfiere con el proceso judicial en curso. Su retorno ha provocado un profundo malestar y reuniones privadas entre altos mandos militares, quienes advierten sobre el desprestigio institucional que esto representa. La controversia se intensifica debido a que, desde su nueva posición, Huertas tiene el poder de administrar el talento humano de la fuerza, incluyendo traslados y evaluaciones para ascensos, todo esto mientras el presidente Gustavo Petro mantiene su respaldo al no firmar el decreto de su baja definitiva.

III. La Red en el Poder Regional y Local

La infiltración no es solo central; es capilar. La guerrilla ha entendido que el poder real se ejerce en el territorio.

El proceso de captura institucional se manifiesta con especial gravedad en los gobiernos regionales. En las Gobernaciones y Alcaldías, el método de infiltración principal es el financiamiento ilícito de campañas políticas utilizando las masivas rentas provenientes de la minería ilegal. El objetivo estratégico de esta inversión es obtener el control absoluto de los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), permitiendo a las estructuras criminales diseñar mapas de uso de suelo que protejan y camuflen sus rutas de tráfico de narcóticos y armamento bajo la fachada de zonas de reserva o desarrollo rural.

En un nivel más cercano a la comunidad, los Concejos Municipales han sido permeados mediante la coacción armada directa y la instauración de "oficinas de justicia" guerrillera en las zonas de influencia. Esta táctica busca la sustitución de la presencia del Estado en la resolución de conflictos ciudadanos cotidianos, logrando que la población civil identifique a la insurgencia como la única autoridad efectiva, desplazando así la legitimidad de las instituciones democráticas locales.

Finalmente, el drenaje de recursos públicos se consolida a través de la Contratación Pública, donde se ha detectado la proliferación de empresas fachada vinculadas directamente a las Redes de Apoyo al Terrorismo (RAT). El propósito central de estas entidades es el desvío sistemático de fondos provenientes de las regalías y presupuestos locales para el sostenimiento financiero y logístico de las columnas móviles, garantizando que el propio presupuesto de la Nación alimente la operatividad de los grupos que atentan contra su integridad.

IV. El "Frente Financiero": Lavado en las Arcas del Estado

Una de las revelaciones más impactantes de los archivos de Calarcá es el uso de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y cooperativas agrarias para legalizar el dinero de la extorsión.

El "Peaje" de la Paz: Se han identificado proyectos de "desarrollo rural" financiados por el Estado que terminan en manos de juntas de acción comunal controladas por el EMC. El 30% de cada contrato se destina al "impuesto de guerra".

Infiltración en la Rama Judicial: Los archivos mencionan "pagos de cortesía" a jueces de control de garantías en zonas críticas (Cauca, Nariño, Catatumbo) para asegurar que los capturados en flagrancia sean liberados por "errores de procedimiento".

V. Bogotá: El Objetivo Final

La profundidad de la red llega hasta el corazón de la capital. La investigación de 2026 confirma que las disidencias han establecido "Casas de Enlace" en sectores residenciales de estratos altos y medios-altos en Bogotá (Cedritos, Santa Ana y Salitre). Inteligencia de Objetivo: En estas casas no hay armas, hay computadores. Se realiza seguimiento a las rutinas de altos funcionarios, empresarios y diplomáticos. Miembros de las redes urbanas circulan por la ciudad con esquemas de protección de la UNP (Unidad Nacional de Protección), utilizando las camionetas blindadas del Estado para transportar mensajes y dinero, evitando cualquier requisa policial.

Durante los últimos años, la aparición de panfletos, pancartas y videos alusivos a grupos como la "Segunda Marquetalia" o el "Estado Mayor Central" era atribuida principalmente a bandas de delincuencia común. Estas organizaciones locales simplemente utilizaban los nombres de las guerrillas como una estrategia de terror para sembrar pánico y facilitar el cobro de extorsiones a comerciantes, sin que existiera una presencia real de campamentos insurgentes en la capital.

Sin embargo, las investigaciones judiciales y los eventos de seguridad recientes entre 2025 y 2026 han revelado un preocupante cambio de táctica por parte de estos grupos armados ilegales. En lugar de buscar un control territorial tradicional a las afueras de la ciudad, estructuras disidentes como el bloque "Jorge Suárez Briceño", subordinadas a las facciones al mando de alias "Calarcá", han optado por la conformación y financiación de células urbanas clandestinas. Estas redes operan de manera silenciosa mediante la infiltración institucional, el reclutamiento en entornos académicos y la subcontratación de bandas locales, concentrando sus esfuerzos en la inteligencia financiera y las extorsiones de alto perfil.

La evidencia más contundente de esta nueva estrategia de infiltración es el reciente accionar de alias "El Apóstol" (identificado como José Antonio Medina Méndez), quien coordinaba redes urbanas para la disidencia bajo la fachada de estudiante en la Universidad Nacional. Este cabecilla aprovechaba sus credenciales para acceder a bases de datos de entidades como la Superintendencia de Notariado, perfilando patrimonialmente a empresarios bogotanos para exigirles hasta 500 millones de pesos. Su estructura no solo realizaba amenazas telefónicas, sino que demostró un alto nivel de peligrosidad al ejecutar atentados con granadas de fragmentación en localidades densamente pobladas como Kennedy y Bosa contra aquellos ciudadanos que se negaban a pagar.

La materialización de estas operaciones urbanas representa un reto crítico para la seguridad de Bogotá y añade una realidad fehaciente, las redes del terrorismo urbano se estan tomando la capital como metodo de expansión, centralización y toma paulatina del poder en caso de un cambio politico en las proximas elecciónes presidenciales del año 2026. 

El Estado Contra el Estado

La Paz Total, vista a través de los Archivos de Calarcá, no es un proceso de desmovilización, sino una reingeniería del conflicto. La guerrilla ha pasado de estar en la selva a estar en las oficinas, de usar el fusil a usar el presupuesto nacional, y de combatir al General a sentarse con él a planear el repliegue de la democracia.

La seguridad nacional de Colombia no está amenazada por una invasión extranjera, sino por una autofagia institucional donde el organismo encargado de proteger al ciudadano está alimentando a quien lo depreda. Como señala Hugo Acero en su columna dominical en el Tiempo, cito: “Pasamos de las pescas milagrosas de comienzos de siglo al control territorial violento, al confinamiento de poblaciones enteras y a la gobernanza criminal de los grupos armados que se disputan las distintas rentas criminales del narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro, la trata de personas, entre otras actividades ilegales. Hoy existen muchos municipios donde los que gobiernan son los grupos criminales, en medio de una lánguida presencia y accionar de las autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales.”

Hugo Ardila, experto en seguridad, advierte cómo el Estado colombiano está entrando en un proceso de “somalización”. “Según un informe de inteligencia estratégica reciente, que procesó una simulación de 100.000 iteraciones de Montecarlo, el Estado colombiano ha entrado en una trayectoria de “irreversibilidad sistémica”. La convergencia de una voluntad política debilitada para garantizar la seguridad bajo la política de ‘paz total’, una explosión de economías ilícitas y una disrupción tecnológica y operativa asimétrica sugieren una probabilidad del 72 % de un escenario de ‘somalización’, donde el Estado retiene las capitales, pero pierde la soberanía efectiva sobre el 60 % del territorio”.

“Bajo modelos de cadenas de Markov, el control criminal se ha convertido en un “Estado absorbente”: una vez que un municipio cae bajo el régimen de los grupos armados, la probabilidad de que retorne al control estatal es inferior al 0,05. El Estado tarda diez veces más en recuperar un territorio de lo que tardan los criminales en capturarlo, revelando una inercia institucional letal”.

El futuro para Colombia no es nada prometedor, el aumento de los hombres armados del grupo narcoterrorista de alias Calarca en más del 111% y con un control de más de cien municipios evidencia que la paz total fue una operación que beneficio a los grupos al margen de la ley y debilitó el Estado a su más mínima expresión. 

ARTÍCULO INVESTIGATIVO

WILLIAM S. ROJAS R.

Analista Político y de Prensa

Director General de LA REACCIÓN PRENSA