Salida del Gobierno Nacional de la Junta Directiva del Banco de la República: Preocupación sobre impactos

El pasado 31 de marzo durante la Asamblea General de la Junta Directiva del Banco de la República el Ministro de Hacienda y Crédito Público Germán Ávila decide retirarse de la Junta Directiva del Gobierno Nacional por razón de la medida de aumentar cien puntos básicos de las tasas de interés para el acceso a créditos por parte del sistema financiero al público en general en Colombia. Polémicas por la legalidad de la medida, impacto en la economía colombiana y choque político en época de elecciones presidenciales.

IMPLICACIONES LEGALES

La decisión fue argumentada por el titular de cartera Germán Ávila y apoyada por el Presidente de la República, quienes condenan que la mayoría de la Junta Directiva haya optado por subir las tasas de interés para los créditos. Contrastan la argumentación técnica de evitar un aumento desmedido de la inflación que se estimaba a un 6.3% para enero del presente año frente al 5.2% del cierre de 2025, lo que generaría mayores aumentos de precios en general y desequilibrio del valor del peso colombiano. El Gobierno Nacional expresa que dicha medida es para favorecer el denominado capital rentista frente a la capacidad de consumo de la economía popular colombiana, además de hacer menos atractiva la inversión en proyectos de emprendimiento popular como la aspiración individual o familiar de acceder mediante a crédito a bienes y servicios fundamentales como educación superior, vivienda, vehículos sostenibles, turismo entre otros.

IMPLICACIONES LEGALES

Desde el punto de vista legal, el artículo 273 de la Constitución expresa que el Ministro de Hacienda y Crédito Público o su designado hacen parte de la Junta Directiva del Banco de la República en su constitución, lo que da un carácter de secretaría técnica y diálogo, pero respetando la autonomía que el ente regulador y emisor tiene frente a los gobiernos de turno dado por la Carta de 1991. Esto, además se encuentra ratificado por la Ley 31 de 1992 que reglamenta el funcionamiento de la entidad.

Según la opinión de expertos, podría correr un proceso disciplinario por parte de la Procuraduría General de la Nación contra el ministro por omisión de funciones tipificado como falta gravísima que podría tener consecuencias de tener entre 10 a 20 años de destitución e inhabilidad para ejercicio de cargos públicos. No sin sumar que adicionalmente, habría una implicación penal por el delito de prevaricato que podría dar de 2 a 7 años de cárcel.

CONSECUENCIAS POLÍTICAS

El corte de comunicación entre el Gobierno Nacional y el Emisor nunca se había dado y puede dificultar la armonía de las políticas económicas del país, generando una imagen negativa del país ante proyectos de inversión y potenciales desarrollos económicos en el país como factor negativo de riesgo. Legalmente la Junta Directiva puede sesionar, pero las decisiones y retroalimentaciones técnicas pueden generar dobles discursos y lenguajes.

La gravedad es el desarrollo de los hechos en plena época electoral de Presidencia, ante una creciente polarización que no solamente está entre oficialismo y oposición, sino en las fuerzas consolidadas en el Congreso saliente y el entrante, lo que podría hacer que los debates de control político, o una posible moción de censura convocada desde las Comisiones Terceras y Cuartas de Cámara y Senado (encargadas de asuntos económicos) podrían por primera vez generar incluso destituciones, lo que dejaría una narrativa de rupturas en la sociedad colombiana, donde las agendas mediáticas y emocionales predominarán sobre la técnica.

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